América Latina es el segundo continente más susceptible de desastres (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2022) y las catástrofes relacionadas con el clima representan el 83 % de las 106 ocurridas en 2022 (Koop, 2023). En el contexto de la crisis climática y sus fenómenos, los daños materiales e inmateriales son una realidad para la gran mayoría de la población —340 millones de personas viven en localidades altamente vulnerables a desastres. Además, reflejan serios impactos en las economías nacionales: el 53% de las pérdidas económicas por desastres de origen climático en el mundo se dieron en Latinoamérica, representando un 1,5% del producto interno bruto (PIB) regional (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, 2021).
Las pérdidas y daños hacen referencia al riesgo residual que no fue o no pudo ser gestionado por medidas de mitigación y adaptación, y que causan daños irreparables o pérdidas irreversibles. Ante eso, los Estados latinoamericanos han enfatizado en la necesidad de una cooperación internacional y de recaudación de fondos para responder a los daños que ocurren en sus territorios, pero que son fruto de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero de los Estados desarrollados. En este contexto, reiteramos la importancia de tres observaciones claves a la acción climática sobre pérdidas y daños en el contexto de América Latina.
Primero, la discusión sobre pérdidas y daños debe darse desde el marco de obligaciones de los Estados. Esto se aplica tanto para el reconocimiento de que la compensación económica es una obligación derivada del principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, como para exigir de los Estados latinoamericanos una contrapartida respecto al adecuado uso de estos recursos. El planteamiento de la creación de un fondo para pérdidas y daños no puede servir para mantener las estructuras que han ratificado la degradación ambiental interna en los países, alimentando las mismas industrias contaminadoras, pero ahora con un maquillaje verde.
En este sentido, la elegibilidad de los fondos debe estar acompañada de una obligación de conducta transparente, participativa, preventiva y económicamente razonable, imputable a los Estados receptores. Es fundamental que estos adecúen sus instituciones para asegurar que la cooperación se adelante con base en principios inspirados en el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Además, los Estados deben ser responsabilizados por los daños causados, pero evitables, que se den debido a acciones corruptas ejercidas en la gestión del financiamiento climático. Actuar con debida diligencia y eficacia económica respecto a los fondos climáticos es una obligación que nace tanto del derecho internacional como de la naturaleza de la colaboración política internacional, para recaudar recursos destinados a alivianar los impactos de la crisis.
Por otro lado, una respuesta sistémica a las pérdidas y daños causados por la crisis climática no solo supone un análisis de pérdidas económicas, sino también de pérdidas inmateriales o/e invaluables — los lazos sociales, la cultura, los servicios ecosistémicos, y los modos de vida de muchos pueblos que están perdiendo sus saberes y su posibilidad de resguardarlos—.
Ahora bien, los Estados del sur global, más afectados por la crisis climática y que sufrirán la mayor parte de las pérdidas han priorizado en sus marcos de contabilidad nacional la utilización de indicadores de mercado y la asignación de valor al capital físico y humano. En este sentido, sus agencias de estadísticas nacionales han priorizado la recaudación de datos y la estimación de valor de todo aquello que corresponde a la infraestructura y el balance de los mercados, así como los indicadores que representan las habilidades, la educación y la salud de
su población. Sin embargo, han fallado sistemáticamente en presentar datos y en asignar un valor sobre su capital natural y social; es decir, de la calidad de las relaciones sociales, la confianza, las normas y las redes dentro de una comunidad o sociedad, y los recursos naturales, los ecosistemas y los servicios que prestan a la sociedad.
Es fundamental que, dentro de la respuesta estructural a los impactos de la crisis climática, los Estados incorporen en sus marcos de contabilidad nacional el capital natural y social, visibilizando aquellos bienes inmateriales que son esenciales para el desarrollo de las poblaciones, pero que muchas veces son ignorados y que, por esta misma razón, podrían ser invisibilizados al momento de destinar los recursos para pérdidas y daños. Esto significa medir reconocer, registrar y asignar valores —aunque de maneras creativas y no monetarias— a los ecosistemas y a las relaciones sociales, reconociendo así su rol en la cadena de servicios y del mercado tradicional, y posibilitando una justa reparación y compensación.
Finalmente, no hay que olvidar que las pérdidas y daños mencionados no ocurren de manera aleatoria, sino que recaen principalmente sobre contextos empobrecidos y comunidades marginalizadas. La manera más justa de buscar una efectiva reparación es a través de la inclusión de las comunidades afectadas en los procesos de identificación y reparación de pérdidas y daños. Pese a que las negociaciones climáticas han sido excluyentes, las comunidades impactadas por la crisis son las que tienen el conocimiento sobre los reales daños de la emergencia climática, así como de cuáles serían las mejores formas de manejar los impactos, con miras hacia su bienestar y el cuidado de la naturaleza. Esta ha sido su labor durante siglos y el camino hacia una justa reparación de daños y pérdidas debe estar centrado en el reconocimiento de sus saberes y sus labores como gestores de la naturaleza, así como en su participación en la acción climática.
Referencias:
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2021). Informe de evaluación regional sobre el riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. https://www.undrr.org/es/publication/undrr-roamc-informe-de-evaluacion-regional-sobre-el-riesgo-de-desastres-en-america
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2022). Overview of disasters in Latin America and the Caribbean 2000 – 2022. Junio, 2023. https://www.undrr.org/media/89900/download?startDownload=true
Koop, F. (2023). Explainer: Disasters in Latin America and the Caribbean, and how to reduce risks. 10 de octubre de 2023. https://dialogochino.net/en/climate-energy/381558-explainer-disasters-in-latin-america-and-the-caribbean-and-how-to-reduce-risks